La Ciudad fue habilitada este jueves por la Legislatura a implementar un nuevo régimen jurídico para el mantenimiento de las veredas, a través de un sistema que fiscalizará los trabajos de las empresas de servicios cuando rompen las baldosas y a los frentistas, que deberán arreglar los daños de la acera a su cargo.

Los diputados votaron, con disparidad en los respaldos, tres expedientes que fueron elaborados por el Ejecutivo de la Ciudad para mejorar el mal estado de las veredas, que afecta a más del 50 % de los 305.000 frentes con que cuenta el distrito con daños que van desde hundimientos y baldosas flojas hasta huecos cubiertos de tierra.

Las normas aprobadas contienen, por un lado, un régimen nuevo para las empresas de servicios públicos -como las de agua, energía, gas y telefonía- que incluye el pedido que deberán solicitar las compañías de un permiso para efectuar la obra de apertura de la vereda a fin de realizar algún arreglo de la red o de renovación.

Para acceder a la autorización, las empresas tendrán que presentar un plan de ejecución y también serán evaluadas por la Subsecretaría de Vías Peatonales, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en torno al cumplimiento de los plazos acordados para la ejecución de la obra.

Por otra parte, el segundo proyecto contempla a los propietarios frentistas, sobre los cuales recae la responsabilidad del mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas.

Con la normativa aprobada, el vecino tendrá que mantener arreglada la vereda y, de no hacerlo, podrá recibir una multa del Gobierno de la Ciudad, no obstante tendrá la posibilidad de acceder a un préstamo bancario para hacer frente al costo que demanda una reparación de la calzada.

Esta norma fue la que contó con menos apoyo de parte de los legisladores de la oposición, que rechazaron la iniciativa al considerar como un error que la responsabilidad del mantenimiento y arreglo de las veredas sea del propietario frentista.

“Es injusto cargarle al frentista la reparación de las veredas”, aseguró el diputado Adrián Camps, del Socialismo Auténtico; al tiempo que Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, señaló que “obligar al vecino es una doble imposición, un doble impuesto” y Marcelo De Pierro, de Evolución, aseguró que “no es beneficioso para los vecinos”.

Según aseguró el Ejecutivo, “la obligatoriedad primaria y principal por la construcción, reparación y mantenimiento de la vereda compete al propietario frentista”, no obstante se lo exime de esa responsabilidad cuando los daños sean ocasionados por empresas prestatarias de servicios o por el Gobierno de la Ciudad ante raíces de árboles.

Con el nuevo sistema, la administración porteña fiscalizará periódicamente el estado de conservación de las veredas con la posibilidad de intimar al titular al arreglo en los casos de daños, y creará la figura del “guardián del inmueble” -que encuadra a los inquilinos- a quien también se lo responsabilizará cuando no dé aviso al propietario de la exhortación emanada por el Gobierno local.

Por último, el paquete de leyes aprobado dispone una baja de los montos establecidos en el actual Régimen de Faltas de la Ciudad para multar a las empresas de servicios cuando no realizan el cierre correspondiente de la vereda tras una intervención en la vía pública.

Al respecto, el Ejecutivo explicó la reducción en “el fin de lograr un mayor índice de cumplimiento y, a la vez, alcanzar un equilibrio armónico entre la conducta tipificada y la sanción que se impone al infractor estableciendo multas de manera más proporcionada, justa y equitativa”.

No obstante, el diputado de la Corriente Nacional de la Militancia, Gabriel Fuks, sostuvo que “con esta modificación se pone al frentista y a las empresas en una misma línea y eso es una injusticia”.

Y el diputado del PRO Daniel Presti dijo que “anteriormente eran montos de cumplimientos imposibles, por lo cual se adecuó a que sean acordes a la realidad“.

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires hay 305.000 frentes. De ellos, 1 de cada 2 se encuentra en mal estado 1. La causa de estos inconvenientes es variada: El 64% es producto de la actividad de las empresas de servicios públicos, el 18% responde al desgaste y el mal uso de la vereda, el 12% se debe a raíces de árboles y el 6% es por la actividad del Gobierno de la Ciudad. Las comunas 9, 10, 5 y 6 son las más afectadas por las roturas de las veredas.

“Estas irregularidades a la hora de legislar en materia de veredas y responsabilidades de vecinos van a desembocar en una profundización de la desigualdad, entre los vecinos con capacidad de generar obras de un costo económico elevado y aquellos ciudadanos que no cuenten con los medios para hacer las obras requeridas“, agregaron.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, advirtieron que “el hecho de ser el responsable de ejecutar obras de reparación por parte del frentista tornaría abstracto el pago del ABL, que se presume un impuesto que tiene como contraprestación el mantenimiento de la vereda por parte del Estado. Si bien este impuesto tiene a su cargo, como su nombre lo dice, el alumbrado, barrido y limpieza de la vereda, el hecho de poner en cabeza del propietario la reparación de un daño ocasionado a la vereda que no es responsabilidad suya es excesivo e injusto“.

Fuente: Ámbito