Edificios sin portero y controles espaciados: el plan oficial para bajar las expensas hasta 20 %
La vivienda del encargado dejará de ser obligatoria en los edificios y cambiarán los plazos de chequeos de ascensores y de tanques. La Legislatura deberá aprobar parte del proyecto.
Dejar de obligar a los consorcios a darles vivienda a los encargados, espaciar los controles y eliminar certificados innecesarios. Esas son algunas de las medidas que el Gobierno porteño prepara para bajar las expensas en la Ciudad entre un 10% y un 20%. Y que a un vecino que vive en un edificio de diez pisos en Caballito, por ejemplo, le permitirían ahorrar unos $ 4.900 por año.
Hoy es obligatorio construir vivienda para encargados en edificios de más de 15 departamentos. Con el nuevo plan se busca eliminar ese requisito del Código de Edificación, para que los vecinos no tengan que pagarles los servicios a los encargados y para que a su vez se reduzcan los gastos de construcción.
Otro ahorro propuesto se refiere al mantenimiento de los tanques: hoy es obligatorio limpiarlos cada seis meses en todos los inmuebles con más de una vivienda. Para eso, deben ser vaciados e higienizados para luego ser llenados y analizados. De esa manera, se desperdician millones de litros de agua en toda la Ciudad y se pagan más de $ 13.000 anuales por edificio en promedio, plantean desde el Gobierno porteño.
Con el plan oficial, se propone en cambio hacer un estudio de laboratorio con una muestra del agua y, sólo en caso de que este informe sea negativo, hacer la limpieza. Además, se plantea modificar la frecuencia del análisis de semestral a anual. Esto, dicen desde la Ciudad, permitirá ahorrar un 60%.
Los ascensores también forman parte del plan de modificaciones: en lugar de que todos se controlen con la misma frecuencia, se intensificará la inspección en los más viejos y usados, y se la espaciará en los más nuevos. Hoy la norma es una revisión mensual de todos, independientemente de su antigüedad, lo que insume unos $ 25.000 pesos por ascensor en promedio, según cálculos oficiales. Con esta medida, sostienen, se ahorraría la mitad. Lo mismo ocurriría con las calderas, que hoy deben examinarse cada tres meses. El proyecto prevé en cambio hacerlo según su antigüedad y tecnología.
Los gastos burocráticos son otra categoría que el Gobierno porteño busca reducir. En la actualidad, en la propiedad horizontal todavía hay que pagar por la rúbrica y las obleas de los libros oficiales que debe llevar un consorcio, como el de datos, el de propietarios y el de registro de firmas. Con las reformas, sólo se mantendrían los libros obligatorios que fija el Código Civil. Los restantes serán optativos y podrán ser aprobados por el mismo consejo de administración del edificio, en lugar de que deba abonarse el trámite ante el Estado. Adicionalmente, el Banco Ciudad ofrecerá una cuenta bancaria gratuita para cada consorcio.
Otro paso que el Gobierno porteño busca eliminar es el certificado “Edificio seguro”. Hoy es obligatorio pagarlo, aunque no sea más que un compendio de todas las condiciones de seguridad del inmueble que ya fueron aprobadas en cada rubro: ascensores, calderas, tanques, desratización y desinsectación, y matafuegos, entre otras categorías. La propuesta es suprimir este requisito “por redundante, ya que es el control de controles, que ya se realizan por otras normas”, explican.
Además del Código de Edificación, otra ley que debería modificarse con este plan es la 257, de control de fachadas. La propuesta oficial es eximir de este informe público a las viviendas unifamiliares que no tengan salientes y a los espacios comunes a propietarios, como los patios internos y las terrazas, que seguirán siendo inspeccionados por el consorcio pero sin necesidad de presentar un certificado ante el Estado. Los frentes sí seguirán siendo revisados oficialmente, ya que pueden implicar un riesgo para terceros.
El plan general involucra diversas áreas de distintas carteras porteñas: la Subsecretaría de Emergencias y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), del Ministerio de Justicia y Seguridad; la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; y el Registro Público de Administradores, dependiente de Atención y Gestión Ciudadana. Además, implica modificar leyes, y emitir decretos y disposiciones. Es por eso que los plazos para cada punto del proyecto varían.
En febrero se planea cambiar los requerimientos sobre los libros administrativos obligatorios, lanzar las cuentas bancarias gratuitas para consorcios y suprimir el certificado de Edificio Seguro. En marzo, una vez que la Legislatura comience a sesionar, prevén enviar los proyectos de modificaciones legales necesarios. Por último, antes de mitad de año quieren hacer efectivos los cambios en los criterios de inspección de ascensores y calderas, ya que implica ajustar el sistema digital con los que se registra el control.
Fuente: Clarín
